El supermercado Puchita levanta el precinto bajo su responsabilidad

ÁLVARO MORALES, Tenerife

La empresa de autoservicio Puchita mostró ayer su malestar por el precinto del nuevo establecimiento que pretende abrir en la zona lagunera de Los Rodeos y anunció que no sólo ha recurrido la decisión del ayuntamiento, sino que exige el levantamiento de la clausura por entender que se está cometiendo un agravio comparativo injustificado. La compañía fue mucho más allá y, bajo su responsabilidad, decidió levantar el cierre para que, "hasta que se pongan de acuerdo los políticos o un juez, las cien familias afectadas por la decisión de la Gerencia de Urbanismo puedan subsistir".

La compañía asegura que presentó en el consistorio, desde el pasado 1 de diciembre, un expediente de licencia de apertura del supermercado. Además, subraya que ha pagado las tasas y "aportado toda la documentación requerida, salvo un plano de los aparcamientos a petición del Cabildo". Sobre este extremo, aclara que la ley indica que el expediente puede continuar su curso, "ya que el informe insular es preceptivo, pero no vinculante".

Para la entidad, resulta muy curioso que el expediente de cierre por falta de licencia de apertura se haya tramitado con mucha más celeridad que el que solicitaba el permiso para abrir. Sobre todo si se tiene en cuenta que "la práctica habitual de la corporación en cuanto a estas licencias es que el ciudadano las solicita y las paga, ya que el plazo de concesión es de uno a dos años de media".

Como ya hicieran el pasado jueves, los responsables de Puchita recuerdan que, "como es sabido, hay infinidad de establecimientos en La Laguna funcionando sin ninguna traba de la administración y sin licencia concedida. En este ayuntamiento -continúan- se ha hecho la vista gorda sobre casos de bastante más calado, como la galería de Alcampo, y, de hecho, hay sobre la mesa un montón de sanciones y sentencias firmes sin ejecutar".

La empresa, que suele ofrecer productos variados a muy bajo coste, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la sanción impuesta y pide el levantamiento provisional y oficial del precinto que les prohibe abrir al público, si bien ha decidido saltárselo de por sí. Además, presentó ayer un escrito en el ayuntamiento en el que alude "al daño a la economía del municipio y a los trabajadores que supone esta decisión". Los trabajadores protestaron ayer en su nave y frente al consistorio en grupos menores de 20 personas al no disponer de permiso para una concentración.

A juicio de esta cadena, existe una contradicción entre el mensaje económico y las críticas del presidente regional hacia los empresarios y, al mismo tiempo, "un consistorio del mismo signo político se carga 40 puestos directos de trabajo y otros 60 en otros establecimientos del municipio, alegando que el que tiene que decidir está de vacaciones".