La protesta como último recurso

EFE, Madrid

Acampan frente a ministerios o instituciones durante meses, piden justicia o que se les repare algún daño causado, pero mientras las autoridades responden o rectifican, los afectados reivindican su causa con huelgas de hambre, acampando en tiendas de campaña o durmiendo en grúas a cuarenta metros de altura.

Las movilizaciones colectivas, como la acampada que protagonizaron los trabajadores de Sintel en 2001 (que se prolongó durante 187 días), suelen alcanzar un gran protagonismo mediático, pero no así las protestas individuales, que apenas ocupan espacio.

Segundo Quiñones lleva 16 meses junto al Palacio de la Moncloa, y hace dos meses y medio lo desalojaron, pero montó un campamento al otro lado de la carretera con "cuatro mantas y dos plásticos" que le han ido dando.

"Yo lo que le pido al presidente del Gobierno español es, que ya que no puede facilitar un puesto de trabajo, que pare los embargos y desahucios de todo el territorio español", exclama en su campamento de nueve metros cuadrados.

A sus 42 años, Segundo no pudo hacer frente a los pagos mensuales que tenía con una entidad financiera y después de dos viajes a pie desde Elche hasta Madrid, "para pedir justicia", decidió asentarse junto a La Moncloa, donde cada mañana solicita formalmente una audiencia con el presidente.

Uno de los momentos más difíciles por los que ha pasado fue en invierno; "pensé que me iba a quedar inválido, tenía el cuerpo agarrotado", sentencia.

Juana Ortega lleva 14 meses acampada frente al Ministerio de Sanidad, en la plaza Jacinto Benavente de Madrid, con su hijo, Antonio Meño, un joven que quedó con una minusvalía del 96 por ciento en el año 1989, "por una negligencia del anestesista", asegura mientras señala unos recortes de periódico que tiene en una mesa.

Una caseta aislada del suelo con palés, una ducha portátil, una cocinita de gas y un par de camas es lo que tiene Juana en esta plaza en la que tiene que convivir, día a día, con la prostitución y borrachos con los que alguna vez se ha enfrentado: "Una vez uno se puso a mear en la puerta trasera que tengo para que a Antonio le dé el aire", señala.

Pero esta mujer de 64 años asegura que por lo general no suele tener problemas con estos vecinos, aunque asegura que por la noche, debido al ruido, duerme muy mal.

En Pozuelo de Alarcón se encuentra Doney Ramírez, un trabajador que lleva desde el 3 de marzo encaramado a una grúa a 40 metros de altura para reclamar una deuda de 150.000 euros a una empresa constructora. Doney depende de la gente que está abajo. "La comida me la mandan del bar de aquí al lado", asegura en una conversación telefónica.

La empresa deudora ha puesto bajo el puntal de hierro un vigilante que no deja subir nada que no sea comida; "un día en la bolsa del almuerzo me mandaron un libro y el vigilante dijo que tenía órdenes de no dejar subir nada de eso", cuenta Ramírez.

El único contacto que tiene es un móvil que tuvo retenido durante una semana como medida de presión por orden de la empresa deudora, informó Orisel Gaspar, una vecina que se ha solidarizado con su causa.

Son algunas de las reivindicaciones que se están sucediendo en España y que más se están prolongando en el tiempo, aunque son muchos los ciudadanos que mantienen acciones de protesta prolongadas para pedir justicia o denunciar alguna situación.

Es el caso por ejemplo de una pareja residente en la isla de El Hierro, que inició el pasado 18 de agosto una huelga de hambre ante el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, porque la jueza que ha ordenado el derrumbe de parte de su casa le quiere dar ese terreno al familiar de una amiga.

En Extremadura, cuatro familias han iniciado una huelga de hambre y han acampado frente a la residencia del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, solicitando una vivienda pública, una movilización de la que se ha hecho eco el coordinador federal de IU, Cayo Lara, quien ha pedido ayuda al presidente del Gobierno.