Canarias
HACIENDA MOROSOS

Publican la lista con los 73 morosos que adeudan 139 millones a la Hacienda canaria

Las Palmas de Gran Canaria, EFE
30/jun/17 19:34 PM
eldia.es
ORESTIS PANAGIOTOU

La Consejería de Hacienda ha publicado hoy en la página web de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) un listado en el que figuran 73 personas físicas y jurídicas que deben en total, a 31 de diciembre de 2016, 139,1 millones de euros a la Hacienda Pública del archipiélago.

Según ha informado la Consejería de Hacienda en un comunicado, Canarias es la primera autonomía de régimen común que publica su propio listado, cumpliendo con lo establecido en la Ley General Tributaria, de las personas físicas y jurídicas que tienen contraída deudas o sanciones pendientes de pago por un importe superior al millón de euros.

En concreto, se recogen las deudas relacionadas con los tributos propios, los derivados del Régimen Económico y Fiscal y los cedidos por el Estado cuya aplicación esté atribuida a la ATC, haciendo especial hincapié en el impago de impuestos como el IGIC o el AIEM.

El 24,7 % de las empresas incluidas en el listado realizan su actividad bajo el epígrafe "Construcción completa, reparación y conservación" y, en concreto, son 18 sociedades que adeudan 31,7 millones de euros.

A continuación, por mayor volumen de empresas, destacan los epígrafes de "Promoción inmobiliaria" y "Promoción de edificaciones" que, con 8 y 14 organizaciones, respectivamente, deben 20,9 y 34,3 millones de euros.

La directora de la ATC, María Jesús Varona, ha aclarado que los datos incluidos en la lista de deudores son al cierre de diciembre de 2016, "por lo que puede darse el caso de que alguno de los nombres incluidos ya hayan saldado su deuda y, por tanto, no aparecerán el próximo listado que se haga con los datos de 2017".

"Otra posibilidad es que las empresas estén en concurso de acreedores y por tanto inmersos en un procedimiento judicial para intentar acreditar su situación de insolvencia", ha explicado.

La publicación de la lista se produce tras haber llevado a cabo un trámite de audiencia para que las personas físicas y jurídicas que aparecen en ella pudieran comprobar la veracidad de los datos y garantizar que no se vulnera ninguno de sus derechos.

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