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El fiscal rebaja la petición de penas en el caso Eólico por el retraso del juicio

Las Palmas de Gran Canaria, EFE
12/jul/18 17:46 PM
eldia.es
El acusado Alfredo Briganty (c), hoy, durante la jornada la jornada del juicio en el que acusaciones y defensas exponen al jurado sus informes finales sobre el "caso Eólico"./Ángel Medina G. (EFE)

La Fiscalía ha rebajado la petición de penas para todos los acusados del denominado "caso Eólico" debido al retraso con el que se ha juzgado a la trama de altos cargos del Gobierno canario y de empresarios acusados de haber amañado el concurso de parques eólicos de las islas de 2004.

El fiscal pide un total de cuatro años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación contra el director general de Industria y Energía de la época, Celso Perdomo (PP), por un delito continuado de cohecho, otro de violación de secretos y un tercero de malversación de fondos públicos.

La acusación también se dirige contra su novia en aquellas fechas, Mónica Quintana, a quien se considera cooperadora necesaria de sus delitos de cohechos y malversación y que se enfrenta a una posible condena de dos años y nueve meses, así como cuatro años de inhabilitación y una multa.

A los empresarios y al funcionario involucrados en la trama, se les rebaja la petición de pena inicial tanto por la dilación indebida en el proceso como por haber colaborado con la Justicia, ya que han reconocido los hechos.

El fiscal solicita para cada uno de ellos cinco meses de prisión, penas que pueden ser sustituidas por una multa de acuerdo a la nueva legislación, además de otra multa añadida de 150.000 euros para cada uno de los empresarios y de 42.000 euros en el caso del funcionario.

Tanto Celso Perdomo como Mónica Quintana han negado los hechos que se les imputan y han insistido en su inocencia, mientras que el resto de los acusados se han adherido a la petición de la Fiscalía.

La letrada defensora de Perdomo ha asegurado que la información reservada que supuestamente reveló era de dominio público, por lo que no hubo revelación de secretos.

Asimismo, ha afirmado que Perdomo "no tenía capacidad de influencia sobre la potencia eólica" en el concurso eólico, aspecto que no se ha podido acreditar en el juicio, y ha alegado que el dinero que recibió por parte de los empresarios fue como pago a diversos proyectos técnicos.

También ha destacado que no se ha tomado declaración a todas las personas involucradas, lo que habría desmontado la acusación, según ha afirmado, y que las conversaciones grabadas que supuestamente le incriminan "no se oyen bien y están sesgadas".

La Fiscalía mantiene su acusación contra Perdomo, en el cargo entre 2003 y 2005, de haber facilitado información secreta sobre el concurso a empresas del sector antes de que este se convocara, con detalles sobre las condiciones en las que se iba a licitar y sobre los terrenos elegidos para ubicar los parques eólicos.

El fiscal considera que durante el juicio se han presentado "numerosas pruebas claras de que se han cometido los hechos" que se le imputan y ha pedido al Jurado que tenga en cuenta la importancia que tienen los delitos de corrupción y "el coste tan elevado que tiene para la sociedad".

El Ministerio Público sigue sosteniendo que Perdomo cobró sobornos de dos grupos empresariales que participaron en el concurso a cambio de prometerles la adjudicación de potencia eólica, así como de haber corrompido a un alto funcionario de su departamento, el acusado Honorato López Torres, también a cambio de comisiones, para asegurarse de que sus compromisos seguían adelante cuando él perdió el cargo.

La acusación asegura que Perdomo continuó con sus planes incluso cuando el Gobierno canario decidió a finales de 2005 no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que había anulado el concurso por apreciar irregularidades, con lo que este decaía definitivamente.

Entonces, según el fiscal, el ya exdirector general de Industria planeó con el funcionario López Torres, jefe de área de la Consejería de Industria, que los pactos se mantenían y que las empresas que presuntamente los habían comprado a ambos obtendrían un trato privilegiado en la asignación de parques fotovoltaicos.

La Fiscalía asegura que Celso Perdomo cobró casi 24.000 euros en efectivo, más una participación accionarial en una empresa, del acusado Enrique Guzmán, que en el concurso de parques eólicos de Canarias de 2004 "representaba los intereses de la sociedad Generaciones Especiales SL, vinculada a Hidrocantábrico".

Asimismo, según la acusación, el entonces director general de Industria y Energía recibió de los acusados José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty 12.700 euros por favorecer en el concurso a la empresa Promotora de Recursos Eólicos 2004 SL.

En el caso del funcionario López Torres, la Fiscalía asegura que se vendió a la trama a cambio de cobrar 12.000 euros de entrada, 24.000 euros cuando se realizaran los informes previos que iban a valorar las distintas propuestas presentadas al concurso y 6.000 euros por cada megavatio autorizado.

Celso Perdomo también está acusado de malversación porque presuntamente compró con cargo a la Consejería de Industria libros para su disfrute particular, que luego se llevó a casa, por valor de 740 euros.