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A BABOR FRANCISCO POMARES

Teoría de la papa caliente

9/nov/18 6:30 AM
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Con varios meses de retraso, y un par de días fuera del plazo exigido por el TSJC, pero apenas dos días después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Estatuto de Autonomía, la Fiscalía ha solicitado al TSJC la devolución del caso Grúas al Juzgado de La Laguna, dado que el presidente Clavijo ha dejado de estar aforado, y su caso puede por tanto regresar a la jurisdicción ordinaria.

La Fiscalía de Canarias no responde en su informe a la otra cuestión reclamada por los abogados e Clavijo, es decir, si observa o no indicios de que el presidente pudo cometer en su etapa de alcalde algún delito durante la tramitación de lo que ha dado en conocerse como caso Grúas. Lo que si hace la Fiscalía es recordar algo que es perfectamente conocido: que en el último informe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, emitido a finales del mes de julio, sí se estimaba que el entonces alcalde de La Laguna pudo haber cometido los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. No hay mención, por supuesto, al hecho de que el informe de la Fiscalía provincial al que se refiere la Fiscalía canaria es el segundo, redactado después de la intervención de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En el primero -redactado por el mismo órgano, y con las mismas pruebas- no se hacía las más mínima mención a la existencia de indicios, y se apostaba por el archivo del caso.

Pero lo que de verdad resulta chocante es que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma -que se resistió a cualquier calificación de hechos mientras el asunto seguía siendo competencia del TSJC-, haya tardado apenas 48 horas en contestar -tras entender que Clavijo perdía la condición de aforado- que este asunto ya no es de su competencia.

Crear las condiciones para que se pueda empurar a un presidente es sin duda un asunto delicado: tiene uno la impresión de que tanto el TSJC como la Fiscalía canaria han hecho todo lo que estaba en sus manos -esperar- hasta que se han dado las circunstancias -publicación del Estatuto en el BOE- para devolver el caso a la jurisdicción ordinaria. El informe, prolijo en la argumentación de porqué Clavijo pierde el aforamiento y porqué debe su causa por tanto ser trasladada al juzgado lagunero de origen, no podría haber sido en ningún caso el mismo si se hubiera entregado antes de que el Estatuto se hubiera publicado. Cuando menos, la Fiscalía ha jugado con los tiempos a su favor, para evitar tener que pronunciarse -no lo hace- sobre la existencia (o no) de indicios de delito.

Lo que queda ahora, si no se produce algún recurso de los abogados de Clavijo, es que la juez de La Laguna decida decretar la investigación de Clavijo. Y con ello, el inicio del procedimiento judicial. Clavijo va a enfrentarse a unas elecciones -con toda probabilidad- en condiciones de lo que antes de que el PP pariera el eufemismo de 'investigado' se denominaba 'imputado'. Y va a hacerlo por dos motivos: el primero porque fue denunciado por dos partidos de la oposición municipal, que le señalan como responsable de haber prevaricado y malversado en la gestión de la concesión del servicio de grúas lagunero. El segundo motivo, que la Fiscalía de Canarias tardó dos días más de lo que le pidió el TSJC en redactar su informe. Si lo hubiera emitido el lunes, cumpliendo los plazos solicitados por el TSJC, la situación procesal de Clavijo sería completamente distinta.

A BABOR FRANCISCO POMARES